El Principio 10 de la Declaración de Río se sustenta en tres derechos interdependientes: el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Garantizar a todas las personas estos derechos es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo.
A 25 años de la aprobación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, existe consenso en que los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales constituyen una parte central de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, y son la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza.
En septiembre de 2015, en coincidencia con el septuagésimo aniversario de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó un plan de acción transformador en favor de las personas, el planeta, la paz y la prosperidad, denominado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esta nueva agenda universal incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que constituyen la hoja de ruta que los países han acordado para los próximos 15 años.
Los ODS retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para alcanzar las metas no cumplidas, pero su foco ya no está prioritariamente en los países en desarrollo sino en el mundo entero. Los Objetivos y las metas son universales, afectan tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, son de carácter integrado e indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo está en el corazón de la Agenda 2030, al garantizar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en
asuntos ambientales, en particular las personas y los grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza.
Ahora, la noticia del mes pasado es que las Naciones Unidad han publicado los textos auténticos del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe.El instrumento legal fue adoptado por 24 países el 4 de marzo pasado en Costa Rica. Estará abierto a la firma por parte de todos los gobiernos de la región a partir del 27 de septiembre. Es el primer acuerdo regional ambiental de la región y el primero en contener disposiciones específicas vinculantes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Según el texto final aprobado, el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1).
